En la ciudad de Cartagena, en la región de Murcia, se llevaron a cabo este viernes declaraciones ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, donde representantes de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y de Fecoam expresaron su preocupación por la "hiperregulación" de la ley del Mar Menor, las sanciones impuestas al sector agrícola y la necesidad de más infraestructuras para la recuperación de la laguna salada.

El primero en comparecer fue el presidente de Proexport, Mariano Zapata, quien destacó la importancia de modificar la ley del Mar Menor para garantizar la producción de productos saludables y sostenibles. En este sentido, Zapata señaló que la norma actual dificulta en gran medida la labor agrícola en la región y llamó a un cambio en la misma con el respaldo de diferentes grupos políticos y organizaciones como Fecoam, COAG, UPA y Asaja.

Por otro lado, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, hizo hincapié en la necesidad de inversiones en infraestructuras para captar y reutilizar agua, con el objetivo de evitar que actividades humanas afecten negativamente al Mar Menor. Martínez también subrayó la importancia de abordar diferentes infraestructuras en todos los ámbitos para lograr una recuperación estable y duradera de la laguna salada.

En su intervención, el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, criticó que la ley actual no fue consensuada con el sector y expresó la dificultad de cumplir con ella, poniendo en riesgo la actividad agrícola y la imposición de posibles sanciones. Martínez hizo hincapié en la necesidad de eliminar del texto legal artículos estrictamente técnicos y trasladarlos a un programa de actuación.

En respuesta a las declaraciones de los representantes del sector agrícola, los diputados de distintos partidos políticos se comprometieron a trabajar en la reforma de la ley del Mar Menor con medidas consensuadas y con la participación de todos los sectores involucrados en la protección de la laguna salada. Se destacó la necesidad de corregir aspectos problemáticos de la normativa actual y de apoyar a los agricultores en su cumplimiento, reconociendo su papel como parte de la solución a los desafíos ambientales de la región.