La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que se han registrado seis casos de abusos y agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas de la Región de Murcia en los últimos años. Estos casos fueron tratados en sede fiscal y no judicial, aunque la FGE reconoce que los datos son "muy parciales".

La falta de un registro específico para estos casos y la limitación temporal de la documentación son los dos factores que contribuyen a esta parcialidad. La mayoría de los testimonios se refieren a casos ocurridos en 2021 y 2022, con solo algunos de años anteriores.

Estos datos se desprenden de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2022, donde se establece el compromiso de ofrecer una respuesta a las víctimas de estos delitos. La FGE se encarga del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos debido a su impacto social y el número de personas especialmente vulnerables afectadas.

En el marco de la elaboración de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia, se planteó la necesidad de conocer la dimensión de este fenómeno debido al desconocimiento del número real de casos. Por este motivo, la FGE solicitó a las fiscalías superiores el seguimiento de los casos penales relacionados con delitos sexuales contra menores en instituciones religiosas.

En junio de 2022, la FGE recibió documentación de la Conferencia Episcopal sobre casos de abusos sexuales de menores en la Iglesia española. Con el objetivo de investigar estos informes y brindar apoyo a las víctimas, se inició un expediente de seguimiento en la Secretaría Técnica.

El análisis inicial de la documentación presentada reveló la dificultad de determinar los procedimientos judiciales debido a la falta de registros específicos. A pesar de esto, se solicitó a las fiscalías superiores recopilar información trimestral sobre estos casos.

La FGE reconoce que los datos disponibles son "muy parciales". A nivel nacional, el 44% de las investigaciones se iniciaron en 2022, el 26% en 2021 y el 30% en años anteriores. De las sentencias emitidas, el 95% fueron condenatorias.

De los casos archivados, el 32% se debió a la prescripción del delito. De este porcentaje, el 80% fue decisión de la fiscalía y el 20% del juzgado. Además, el 5% de los casos fue archivado debido al fallecimiento del autor, el 29% por falta de pruebas y el 27% por la presentación de denuncias ante el juzgado.