El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha confirmado que se están llevando a cabo las pruebas de determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Esta declaración se dio en respuesta a las exigencias del portavoz de Vox, José Ángel Antelo, quien demandó rapidez en estos procedimientos para identificar correctamente a los potenciales “falsos menores”.

Durante el pleno en la Asamblea, Antelo presentó una dura crítica contra la inmigración ilegal, señalando que ha impactado gravemente en la Región. Acusó al Gobierno autonómico de destinar recursos públicos a centros para inmigrantes ilegales mientras los servicios sociales y de vivienda son descuidados.

El portavoz de Vox insistió en que ha habido delitos graves cometidos por aquellos que se hacían pasar por menores, preguntando cuándo se realizarán las pruebas judiciales necesarias para verificar su edad real.

Antelo también recordó que su partido ha abogado por el cierre de los centros de menores administrados por la Comunidad y expresó que su grupo no ha engañado al electorado, destacando que siempre han cumplido sus promesas.

Asimismo, cargó contra el Partido Socialista, responsabilizándolo de haber introducido el problema de la inmigración en la Región de Murcia. Acusó al Gobierno central de invertir en la inmigración ilegal mientras las familias con discapacidades permanecen sin recibir ayuda.

En su contestación, López Miras afirmó que “ignorar la verdad puede ser tan perjudicial como mentir”. Defendió que su Gobierno ha cumplido con la ley realizando las pruebas necesarias de acuerdo a la normativa vigente y bajo la supervisión del Ministerio Fiscal.

El presidente aclaró que solo el Instituto de Medicina Legal tiene la autoridad para emitir las pruebas aceptadas por la Fiscalía, y señaló que cuando los servicios sociales han detectado posibles irregularidades, han informado al Ministerio Fiscal para que se lleven a cabo las pruebas correspondientes.

Como ejemplo de estos procedimientos, López Miras mencionó el caso de 350 adultos que llegaron al Hospital Naval de Cartagena desde Canarias; de estos, 97 resultaron ser adultos, lo que representa un 6% del total, tras las pruebas realizadas.

En este contexto, reafirmó que en la Región de Murcia no existen centros de inmigración ilegal administrados por la Comunidad, asegurando que se ha actuado con rigor y transparencia.

Además, durante la sesión, Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular, cuestionó al presidente sobre el impacto en los autónomos murcianos de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno central. Segado calificó la política fiscal del gobierno de Pedro Sánchez como un golpe devastador para este sector.

Se lamentó de que “el Estado se queda con la mitad del salario de un trabajador medio” y acusó al Ejecutivo de obstaculizar la iniciativa empresarial y la creación de empleo, mientras crece la cantidad de escándalos alrededor del presidente.

Segado subrayó la importancia de los autónomos para el empleo y el crecimiento del país, instando a López Miras a implementar un escudo autonómico que proteja a este colectivo de las políticas del Gobierno central.

El presidente regional respondió que su administración ha intensificado el apoyo a los autónomos mediante iniciativas prácticas, recordando que la propuesta de aumentar las cuotas estatales habría podido costar hasta 200 millones de euros a los trabajadores autónomos si se hubiera llevado a cabo.

Destacó también la ampliación de la cuota cero, que ha beneficiado a más de 2.100 jóvenes, y el establecimiento de una oficina dedicada a los autónomos que ha atendido a más de 500 personas, además de aumentar en dos millones de euros las ayudas para el comercio de proximidad.

Por otro lado, María Marín, portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), criticó el precio establecido por el Gobierno regional para la vivienda asequible, señalando que es de 1.840 euros por metro cuadrado, superando el costo medio de la vivienda nueva en la región.

Marín argumentó que estas nuevas promociones no benefician a los jóvenes ni a las familias trabajadoras, sino que favorecen a promotores y desarrolladores, y reprochó al Gobierno por haber abandonado la construcción de vivienda protegida desde 2020.

En respuesta, López Miras defendió que su decreto sobre vivienda asequible ha sido innovador y no intervencionista, promoviendo una gestión más ágil y eficiente.

El presidente contrastó la gestión de su administración con la del Gobierno central, recordando que durante el último año del PP en el poder, la vivienda era el decimosexto problema para los ciudadanos, mientras que ahora, bajo un gobierno socialista, se ha posicionado como la principal preocupación.

Finalizó enfatizando que “mientras otros legislan en colaboración con Bildu y crean obstáculos, nosotros hemos trabajado para facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer la seguridad jurídica”.