La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, ha hecho un llamado a la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional para que se considere una reforma a la ley del Mar Menor. Su propuesta tiene un enfoque claro: la necesidad de simplificar la burocracia y mejorar la coordinación entre las normativas estatales y autonómicas, así como establecer un régimen sancionador que sea más proporcional y equitativo.

Durante su intervención, Correa destacó que es fundamental aplicar regulaciones que sean justas y proporcionales para todos, especialmente en el sector agrícola. Hizo hincapié en las dificultades económicas que enfrentan muchos agricultores, quienes a menudo luchan por subsistir con ingresos que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, lo que revela la vulnerabilidad de su situación. Instó a que se les permita continuar con su actividad, incluso en años de escasos rendimientos debido a inclemencias como la sequía.

La presidenta de COEC recordó la larga tradición de estos agricultores, quienes han trabajado la tierra durante generaciones. Según ella, "merecen un trato justo y adecuado a su capacidad económica", subrayando la importancia de no imponerles restricciones que puedan poner en riesgo su modo de vida y su sustento.

En su discurso, Correa también propuso que la burocracia existente sea simplificada, sugiriendo que se busque una mejor sincronización entre las normativas estatales y autonómicas. Según su criterio, esto no solo reduciría el costo administrativo para los agricultores, ganaderos y constructores, sino que también aumentaría la seguridad jurídica para todos los involucrados. "Las normas, cuanto más sencillas sean, mejores resultados traerán", enfatizó.

Desde su perspectiva, una coordinación efectiva entre distintas administraciones puede evitar numerosos problemas cotidianos. Como ejemplo, Correa mencionó las inspecciones en el sector agroalimentario, donde los inspectores se enfrentan a una abrumadora cantidad de formularios que deben completar, lo que puede llevar a errores debido a la complejidad del proceso burocrático actual.

Además, hizo hincapié en que cuando se redactan nuevas leyes, rara vez se considera el impacto que tendrán en términos de sanciones y cómo eso afectará económicamente a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

Correa argumentó que la ley del Mar Menor impone normas diferentes para varios sectores económicos. En este sentido, señaló que el sector turístico es, en realidad, uno de los más interesados en la evolución positiva del Mar Menor, ya que depende de la salud y la belleza del ecosistema para atraer a los turistas.

Por otro lado, cuestionó la falta de evidencia científica que relacione la navegación a motor con los problemas de la famosa laguna. "Durante el verano, la actividad de navegación se limita a algunos días y horas en la zona", recalcó, sugiriendo que no es un factor determinante en la crisis actual del ecosistema.

Asimismo, propuso que las regulaciones deben ajustarse a las necesidades de la actividad económica en cada sector. En particular, mencionó la ganadería y se preguntó por qué no se puede ampliar la cantidad de granjas porcinas, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos. "¿De qué sirve ser una potencia mundial en tecnología del cerdo si nuestras normas no están adaptadas a la realidad del sector?", cuestionó.

Desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Manuel Sevilla, tomó la palabra para expresar que su partido no apoya modificaciones a la ley del Mar Menor, sino asegurar su cumplimiento. Sevilla destacó que los empresarios requieren un marco legal claro y seguro para llevar a cabo sus actividades comerciales de manera efectiva.

En su análisis, Sevilla insistió en que una ordenación del territorio adecuada a las necesidades podría cambiar significativamente la situación actual, instando al Gobierno regional a actuar con rigor en este ámbito y a dar ejemplo en la aplicación de la ley a todos los actores involucrados, tanto empresarios como ciudadanos.

El diputado de Podemos, Víctor Egío, se mostró de acuerdo en la importancia de que las multas sean proporcionales, pero también expresó su preocupación por el papel que juega la presidenta de COEC en la comisión. Argumentó que los intereses de los empresarios, en particular de las macrogranjas, pueden ser opuestos a los del bienestar del entorno. Según él, los excesos en la explotación agrícola son los responsables de los problemas que enfrenta el Mar Menor y consideró que el sector turístico debería exigir compensaciones de aquellos que han causado este daño al medio ambiente.

Finalmente, el diputado del Partido Popular, Carlos Albaladejo, hizo un llamado a la unidad y colaboración entre todos los sectores para asegurar que la actividad económica y empresarial favorezca la armonía con el medio ambiente y la protección del Mar Menor. Albaladejo recordó que su partido siempre ha promovido el diálogo como medio para alcanzar soluciones sostenibles y duraderas que permitan un uso responsable de los recursos del área.

También lamentó la falta de representación de VOX en la comisión, sugiriendo que su ausencia indica un desinterés por parte del partido, ya que, según él, "han escuchado solo a aquellos a quienes les interesa".