Recientes operaciones de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han dado un golpe significativo a una red criminal implicada en la introducción de combustible adulterado en gasolineras de bajo coste situadas en el Levante español. Este grupo realizaba prácticas ilegales para eludir supervisiones y evadir impuestos, afectando seriamente a la economía legal.

En el transcurso de una investigación conocida como operación 'Tenk', las autoridades han detenido a 18 individuos y han abierto investigaciones a otros 14. Asimismo, se han detectado conexiones con un total de 40 empresas, revelando la envergadura del operativo delictivo.

La investigación se puso en marcha en 2023, impulsada por las denuncias de los habitantes de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), quienes alertaban sobre el incesante movimiento de camiones cisterna en la zona. Este aviso fue crucial para descubrir un gasocentro no autorizado, donde se incautaron más de 70.000 litros de gasóleo, así como equipamiento y tanques asociados.

Los agentes confirmaron que el carburante en cuestión se conocía como 'designer fuel', un tipo de mezcla de gasóleo alterado con aditivos que buscan modificar sus propiedades físicas para evitar el pago de impuestos correspondientes. Esta violación no solo condiciona el negocio lícito, sino que plantea serias implicaciones fiscales.

Además, los investigadores encontraron triacetina, un aditivo que no cumple con las normativas vigentes para el gasóleo destinado a automoción. Esto pone aún más de manifiesto el nivel de peligrosidad y el desprecio por las regulaciones de seguridad y salud.

El destino del combustible adulterado se situaba en estaciones de servicio de bajo costo en varias provincias, incluyendo Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Durante la operación, se identificaron otros dos gasocentros ilegales en Abanilla y Silla (Valencia), ampliando el radio de acción de esta peligrosa organización.

Las indagaciones revelaron que el combustible alterado provenía de diversas naciones europeas, tales como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Estos cargamentos eran fraudulentamente etiquetados como aceites y lubricantes, eludiendo así las regulaciones establecidas para productos gravados por el Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE.

Esta situación no solo repercute en las arcas públicas de los Estados miembros, sino que también crea una competencia desleal que afecta a negocios legítimos. Además, las emisiones derivadas de la combustión de estos combustibles representan un riesgo ambiental y para la salud pública, así como una potencial amenaza para los vehículos de los usuarios finales debido a los posibles daños causados en sus motores.

Después de un exhaustivo proceso de investigación que se extendió por dos años, se logró desmantelar la estructura operativa de esta red delictiva y las empresas "fantasma" que utilizaban. Muchos de los implicados se caracterizaban por ser 'testaferros', individuos en situaciones económicas desfavorables que eran remunerados por proporcionar sus datos personales para crear empresas ficticias y cuentas bancarias.

El análisis de estos ilícitos llevó a establecer conexiones con 40 empresas distribuidas en diversas localidades, incluyendo Murcia, Almería, y comunidades como Madrid y Cataluña. Este entramado revela la complejidad y el alcance de las actividades ilegales en el sector del combustible.

Hasta ahora, las autoridades han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y sociedades en el desarrollo de la operación. Como resultado, se han presentado cargos a 18 detenidos y 14 investigados por delitos de estafa, falsedad, violaciones fiscales, blanqueo de capitales y otros graves cargos relacionados con la pertenencia a organización criminal.

Particularmente alarmante es la imputación de uno de los conductores de los camiones, quien enfrenta 26 cargos por infracciones a la seguridad vial, al manejar vehículos dedicados al transporte de mercancías peligrosas sin la debida licencia en regla.