En la jornada del martes, el Consejo de Ministros en Madrid, bajo la dirección de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tomó la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional un recurso en respuesta a la reciente reforma de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales por parte del Gobierno de la Región de Murcia. Esta modificación ha generado controversia al eliminar la obligación de financiar a las principales organizaciones empresariales y sindicales mediante subvenciones nominativas en dicha región.

Alegría subrayó que la reforma impulsada por el ejecutivo murciano busca erradicar, entre otros aspectos, la responsabilidad de proveer recursos a estas entidades fundamentales para el tejido laboral del país.

Este anuncio se produjo después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hiciera públicas sus intenciones la semana pasada, revelando que el Gobierno central preparaba acciones legales contra la Región de Murcia debido a esta modificación legislativa.

Díaz acusó a lo que ella llama la "extrema derecha" en España, liderada por Feijóo y vinculado al partido Vox, de intentar eliminar cláusulas esenciales de la ley que garantiza la libertad sindical, señalando específicamente los artículos 6 y 7, que establecen un marco para la financiación de los sindicatos.

Desde el Ministerio de Trabajo, se ha confirmado que el recurso de inconstitucionalidad se presentará contra la Ley 2/2025 de participación institucional en la Región de Murcia. Según los funcionarios, esta enmienda normativa desvincula la asignación de fondos a las organizaciones sindicales y empresariales representativas, lo que contraviene las disposiciones legales establecidas a nivel nacional.

De acuerdo con las críticas emitidas por el Ministerio, tal modificación podría resultar en la eliminación de la financiación, limitando así la capacidad de los murcianos para ejercer su derecho a la sindicación y facilitando la posibilidad de que se otorguen ayudas a entidades sin representación, basándose exclusivamente en criterios de "necesidades concretas".

Añadiendo a las preocupaciones, el Ministerio de Trabajo sostiene que esta reforma no solo infringe la Constitución al violar el derecho a la libertad sindical, sino que también priva a los ciudadanos de Murcia de participar en los procesos institucionales de manera igualitaria que los ciudadanos de otras regiones. Además, se enfatiza que esta acción cuenta con el respaldo del Consejo de Estado, lo que la convierte en un asunto de gran relevancia legal y política.