El Gobierno regional de Murcia ha manifestado su rechazo a cualquier medida que pueda obstaculizar el desarrollo de la Formación Profesional, y ha solicitado en la Conferencia de Educación la derogación o bonificación al 100% de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas contempladas en el Real Decreto 2/2023, ya que esto implica un coste para empresas y entidades y no contribuye a fomentar la Formación Profesional.
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha participado de forma telemática en la Conferencia de Educación junto a consejeros de otras comunidades autónomas, donde ha comunicado que la bonificación del 95% anunciada por el Gobierno central sigue representando un coste para las empresas o entidades y además, no se ha acompañado de memoria económica ni dotación específica.
Asimismo, el consejero ha indicado que solicitar una subvención aumenta la carga burocrática de las administraciones y que centralizar el procedimiento de altas y bajas de los alumnos en prácticas requiere más recursos. Según Marín, la propuesta de incluir a los alumnos en la Seguridad Social es rechazada tanto por el sector empresarial como por las universidades, ya que necesitan facilidades para promover la FP y las prácticas, las cuales son vitales para el éxito de esta formación profesional.
Por último, el consejero ha calificado esta medida como injusta, fuera de lugar e irresponsable, ya que busca manipular los datos de afiliación a la Seguridad Social para final de año a costa de obstaculizar el impulso de la Formación Profesional, la herramienta más importante para el desarrollo futuro de España.