El fiscal anti corrupción, Juan Pablo Lozano, ha decidido reducir notablemente las penas solicitadas para los siete implicados en el caso conocido como 'Novo Carthago'. Este caso investiga una supuesta red de corrupción relacionada con el desarrollo urbanístico en áreas protegidas cerca del Mar Menor, lo que implica que ninguno de los acusados enfrentará prisión efectiva.

En sus conclusiones finales, el Ministerio Público ha argumentado que existen razones para considerar atenuante las dilaciones del proceso judicial, lo que ha permitido disminuir las penas en dos grados para los acusados. Entre ellos se encuentran dos exconsejeros del Gobierno regional, lo que resalta la relevancia del caso.

Para A.C.C., exresponsable de Medio Ambiente en el Gobierno murciano, el fiscal solicita un año de cárcel, además de dos meses de multa a 30 euros diarios y nueve meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se le considera responsable de falsedad documental y prevaricación.

De manera similar, se ha solicitado la misma pena para M.A.F.C., quien fue asesora personal de A.C.C. Sin embargo, su caso incluye una acusación adicional de blanqueo de capitales, que añade a su condena la obligación de pagar una multa de 125,000 euros, así como la inhabilitación para cargos de elección discrecional en la Administración pública.

Por su parte, J.B.G., exconsejero de Obras Públicas, enfrenta una solicitud de tres años de inhabilitación, ya que se le considera culpable de prevaricación. Esta misma pena es aplicable a otros acusados en el caso, incluyendo a A.A.P., J.M.R.C., M.A.G.Z. y L.M.R.A.

Desde el inicio del juicio el pasado 29 de septiembre, la Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha sido el escenario de múltiples testimonios, incluidos los de personalidades como el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, quienes han aportado información relevante al proceso.