El Gobierno de la Región de Murcia ha dado un paso significativo en el ámbito del urbanismo con la creación del Panel de Impulso Urbanístico (PIU), una iniciativa destinada a acelerar la planificación y facilitar la edificación de viviendas asequibles. Esta medida busca eliminar los obstáculos que retrasa la aprobación de proyectos, permitiendo así un incremento en la oferta de viviendas para las familias de la región.

Desde el Ejecutivo liderado por Fernando López Miras, se destaca que esta herramienta fortalecerá la colaboración entre diferentes administraciones locales, otorgando a los ayuntamientos un mecanismo efectivo para avanzar en sus propuestas de desarrollo urbano.

El PIU, junto con el nuevo concepto de Vivienda Asequible dentro del marco de vivienda protegida, representa un avance innovador que sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia a nivel nacional en cuanto a políticas de vivienda se refiere.

Estas medidas se incluyen dentro del reciente Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, el cual tiene como finalidad abordar con celeridad el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias de ingresos medios, un tema de creciente preocupación en la sociedad actual.

El nuevo Panel operará como una comisión intersectorial con un enfoque ejecutivo, centrada en coordinar la elaboración de informes sectoriales que son necesarios para la aprobación de proyectos urbanísticos. Esto facilitará la transformación del suelo y fomentará el desarrollo de nuevas viviendas.

El Gobierno regional ha afirmado que el PIU es un avance clave para mejorar la eficiencia administrativa en el urbanismo, asegurando que ningún proyecto de vivienda se vea estancado debido a trámites prolongados o a diferencias en los informes de las distintas administraciones.

El objetivo del Panel es resolver cualquier discrepancia o bloqueo administrativo que pueda prolongar la tramitación de los planes urbanísticos, actuando como un órgano de coordinación entre las distintas entidades. Su participación será voluntaria, iniciándose bajo petición del ayuntamiento que promueva el proyecto.

El PIU tendrá la capacidad de remitir informes sectoriales de manera ágil, solicitando su elaboración cuando no se respeten los plazos establecidos. En caso de existir contradicciones, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ofrecerá asistencia técnica para establecer criterios que faciliten la resolución de conflictos.

Este comité podrá emitir informes decisivos que permitan desbloquear trámites administrativos, aportando una respuesta más rápida para las solicitudes de licencias de construcción.

El Panel estará formado por representantes de las diversas consejerías de la administración regional, así como por personal del Gobierno central y de los ayuntamientos que soliciten su formación.

Además de esta medida, el decreto también contempla cambios estructurales, como la compatibilidad del uso de solares destinados a equipamientos con la construcción de vivienda protegida, a excepción de espacios educativos y sanitarios, así como la flexibilización de las normativas urbanísticas para una tramitación más expedita.

Incluye igualmente medidas temporales destinadas a aumentar la oferta de vivienda protegida, tales como el cambio de uso de oficinas a residencias, así como incentivos para incrementar la edificabilidad hasta un 50%. Todas estas iniciativas tendrán un plazo de dos años para ser solicitadas y tres años más para su ejecución.

La normativa también establece la tramitación urgente de los procedimientos relacionados con el nuevo modelo de vivienda asequible, lo que se traduce en una reducción a la mitad de los tiempos administrativos tanto a nivel autonómico como municipal.

Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras, ha enfatizado que el dilema de acceso a la vivienda no se soluciona de manera unilateral, sino que requiere un conjunto de medidas conjuntas, realistas e innovadoras.

El decreto, elaborado en un contexto de diálogo y consenso con los diferentes agentes del sector, tiene como objetivo ofrecer una respuesta rápida a las inquietudes de la ciudadanía y mejorar la disponibilidad de viviendas a precios razonables.

Complementando estas iniciativas, el Gobierno autonómico ha creado un inventario de suelos de propiedad municipal que están disponibles para fomentar el nuevo modelo de vivienda asequible, lo que permitirá revitalizar terrenos públicos actualmente en desuso.

Gracias a las disposiciones incluidas en esta nueva normativa, podrían solicitarse permisos para la construcción de 2.108 viviendas asequibles en estos terrenos, aumentándose la edificabilidad para alcanzar un mínimo de 3.162 viviendas, demostrando el potencial que ofrece esta herramienta para el desarrollo inmobiliario.

Este inventario incluye una relación de 153 parcelas municipales en alrededor de 30 ayuntamientos, con 93 suelos urbanos y 60 urbanizables, que abordan más de un millón de metros cuadrados que, tras la aprobación de la norma, se destinarán a la construcción de vivienda protegida.

El documento representa un recurso vivo, ya que se actualizará a medida que los ayuntamientos envíen nuevos datos sobre terrenos disponibles, garantizando así una gestión adecuada de la oferta y la demanda.

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, ha dado una respuesta favorable al nuevo modelo de vivienda, destacando la importancia de reducir la carga impositiva en la adquisición de viviendas, que actualmente ronda el 30% del costo total, y asegurando que se mantenga un equilibrio adecuado entre precios accesibles y viabilidad económica para los promotores.

Desde la Asociación de Promotores de la Región (APIRM), su presidente, José Ramón Blázquez, ha enfatizado que el nuevo decreto muestra un camino positivo, a la vez que ha subrayado la necesidad de ajustar el coste máximo de venta de las viviendas protegidas para hacerlas sostenibles para los desarrolladores. También ha resaltado la urgencia de incluir ayudas para aquellos grupos con dificultades para acceder a la vivienda, como los jóvenes y las familias con menos recursos económicos.