En la Región de Murcia, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ofreció un informe sobre la significativa transformación en el sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que ha tenido lugar en el último tiempo. Vázquez resaltó que el nuevo modelo, con estaciones más accesibles, ha contribuido a la reducción de desplazamientos y emisiones, al tiempo que ha mejorado la eficiencia energética de este servicio público.

Actualmente, la región cuenta con un total de 44 estaciones fijas y alrededor de diez unidades móviles, fruto de una inversión que asciende a 55 millones de euros en infraestructura y tecnología. Desde 2017, el número de estaciones ha aumentado notablemente, del previo total de ocho a las 44 actuales, generando así cerca de 700 empleos cualificados y un sector que factura aproximadamente 46 millones de euros al año.

El consejero argumentó que el nuevo sistema ha demostrado su eficacia, con más de 1.4 millones de inspecciones realizadas en 2024 y un índice de rechazo del 18,3%, cifra que se mantiene en línea con lo que se registraba antes de la liberalización. Además, desestimó las acusaciones de corrupción en el proceso, asegurando que todos los centros han tenido que cumplir con rigurosos estándares técnicos y de evaluación.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, criticó la gestión del consejero, al mencionar que ha cerrado la única ITV pública y ha permitido irregularidades sin la debida licitación. En contraste, el diputado de Vox, Pascual Salvador, elogió la liberalización del sector, afirmando que la proliferación de nuevas estaciones es un beneficio para la ciudadanía.

Por otro lado, el diputado de Podemos, Víctor Egío, echó en falta resultados positivos tras la liberalización de las ITV, enfatizando que ha habido un incremento en el fraude, incluso citando casos de detenciones relacionadas. Mencionó el trágico accidente de un bebé que falleció por una revisión defectuosa, subrayando la gravedad de la situación.

La diputada del PP, Isabel Sánchez Ruiz, defendió la nueva estructura de ITV, advirtiendo sobre el envejecimiento preocupante del parque automovilístico en España, que en 2024 alcanza una media de 15,1 años, muy por encima de la media europea. Atribuyó este fenómeno a la disminución del poder adquisitivo bajo el gobierno actual.

En un marco distinto, la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, expresó su descontento con el nuevo protocolo de la Consejería de Educación, que regula conflictos entre padres separados. Señaló que la decisión sobre el centro escolar debe ser compartida por ambos progenitores, a menos que una decisión judicial indique lo contrario.

El consejero de Educación, Víctor Marín, defendió el protocolo, destacando que se basa en un análisis riguroso y busca ofrecer pautas para situaciones delicadas en los centros educativos. Aclaró que mientras se aguardan las sentencias judiciales, es necesario contar con directrices claras para ayudar a las familias y a los docentes.

Por otro lado, el diputado del PSOE Miguel Ángel Ortega puso de manifiesto las deficiencias que enfrentan las personas trans en el sistema sanitario, criticando el protocolo que, según él, no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya no considera la transexualidad como una patología.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, reafirmó el compromiso del Gobierno regional con la igualdad de trato para todos los ciudadanos, enfatizando su interés en crear una red robusta de servicios que respondan adecuadamente a las situaciones vulnerables y garantizando que la defensa de la igualdad no es solo un deber legal, sino una obligación moral.

En el ámbito económico, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández cuestionó la baja ejecución presupuestaria del capítulo de inversiones en 2024. Señaló que de una partida de 336,7 millones de euros, solo se han ejecutado 152,8 millones, y criticó que no se hayan realizado mejoras significativas en áreas como la conservación forestal, mientras que el Gobierno de España estaría haciendo mayores aportaciones a la región.

Luis Alberto Marín, consejero de Economía, respondió defendiendo la necesidad de una fiscalización estricta en la ejecución de gastos y cuestionó la baja implementación de proyectos desde el Gobierno central. Subrayó que su administración se compromete a gestionar adecuadamente el presupuesto y planteó que las críticas del Partido Socialista son poco fidedignas, en vista de la inacción del gobierno central en inversiones relevantes para la comunidad murciana.