MURCIA, 30 de julio - La Región de Murcia ha dado un paso significativo hacia la modernización de su gestión pública, al implementar de manera oficial una nueva Ley de Simplificación Administrativa. Este marco legal, aprobado recientemente por la Asamblea Regional, está diseñado para facilitar un entorno administrativo más ágil y accesible, y se encuentra en proceso de evaluación para la posible inclusión de enmiendas.

Con esta nueva legislación, la Región busca optimizar su administración y, a su vez, orientar todos los esfuerzos hacia un crecimiento económico sostenido. La ley no solo compila más de diez años de esfuerzos en simplificación normativa, sino que también introduce mecanismos esenciales que promueven la digitalización y la transparencia en la gestión pública.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destaca que esta legislación responde a las necesidades manifestadas por las empresas, quienes han solicitado la eliminación de barreras burocráticas que obstaculizan su desarrollo. “Estamos enfocados en fomentar la economía real y en generar un ambiente propicio para la inversión y la creación de empleo”, afirmó la consejera.

Entre las principales innovaciones que trae esta normativa, se encuentra la implementación del silencio administrativo positivo, la extensión del uso de declaraciones responsables y la posibilidad de que expertos capacitados validen requisitos, lo cual simplificará los procesos administrativos.

Además, se establece una licencia urbanística básica que agiliza la construcción de viviendas, asegurando que se cumplan tanto las normativas legales como las ambientales. También se introduce la Carpeta Empresarial, una ventanilla digital única que permitirá a los ciudadanos y a las empresas eliminar más de un millón de documentos, generando un ahorro de alrededor de seis millones de euros.

López Aragón refuerza que el objetivo de esta ley es que tanto los ciudadanos como los emprendedores reduzcan su tiempo en trámites burocráticos, llevándolos a enfocarse en la generación de riqueza y empleo en la Región. “Se trata de una norma que tiene un impacto tangible, medido por la atención a las necesidades de quienes son el motor de nuestra economía”, añadió.

La responsable regional también mencionó que los resultados de las medidas previas ya implementadas reflejan una reducción de más del 50% en los plazos de trámites vinculados a proyectos clave, tales como la expansión de industrias o la creación de plantas de energías renovables. Esto ha permitido que se faciliten inversiones millonarias y que se reduzcan notablemente los tiempos de espera que antes se prolongaban durante más de un año.

A pesar de la búsqueda de simplificación, López Aragón enfatiza que esto no compromete la calidad ni la seguridad. “Los estándares de protección ambiental y de derechos ciudadanos siguen en pie, y en muchos casos, se refuerzan a través de una gestión más transparente y de la trazabilidad digital”, explicó.

Asimismo, esta ley contempla un régimen sancionador severo, con multas que podrían alcanzar los 600.000 euros para aquellas entidades que cometan infracciones graves en el proceso de certificación o en el uso de declaraciones responsables. Tras la validación de la norma, se abrirá un espacio a partir de septiembre para que se presenten y evalúen enmiendas que busquen ampliar su eficacia.

“Esta legislación es dinámica y continuará evolucionando, pero ya ha marcado un hito importante en la búsqueda de una Región más competitiva, atractiva para la inversión y más conectada con sus ciudadanos”, concluyó la consejera.