Las comunidades autónomas de Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha se destacan por cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Dependencia, logrando resolver los expedientes en menos de seis meses, según un reciente análisis realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Este informe pone de manifiesto las diferencias entre las distintas regiones españolas en la gestión de este importante servicio social.

En contraposición, la Región de Murcia presenta la situación más crítica, con una lista de espera que alcanza los 563 días, la más extensa de toda España. En esta comunidad, 16.348 personas se encuentran en espera de ser atendidas, lo que representa un incremento del 13,4% en comparación con el inicio del año. La duración de los trámites se ha alargado en 43 días, dejando a un 22,4% de los solicitantes a la espera de algún tipo de gestión y a un 13,8% pendientes de recibir prestaciones.

Además, el año en curso ha sido sombrío, con un total de 1.053 personas dependientes que han fallecido mientras aguardaban en la lista. Murcia ha contribuido con un 73,2% de financiación a la Ley de Dependencia, lo que evidencia su compromiso, aunque el aumento de fallecimientos plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema.

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ha reportado que 174.406 personas estaban en lista de espera en septiembre, lo que supone una disminución del 9,8% respecto al año anterior. Sin embargo, fuentes del Ministerio han calificado algunos datos de la Asociación de Directores y Gerentes como "confusos", pues incluyen a individuos que aún están dentro del plazo legal de seis meses para recibir atención.

El informe de la asociación también señala un cambio alarmante en las tendencias: por primera vez en una década, ha habido un aumento en el número de personas en lista de espera después de años de reducción. Se contabilizan 25.060 dependientes fallecidos en 2025, de los cuales 13.713 estaban a la espera de ser valorados y 11.347 aguardaban prestaciones reconocidas.

En cuanto a tiempos de espera, la Asociación denuncia un incremento promedio de 15 días, llevando la media a 349 días, y critica al Ministerio por minimizarlos al contabilizar solamente a los casos que exceden el plazo de 180 días. De este modo, se deja de lado la realidad de quienes siguen sin atención adecuada.

Por comunidades, el panorama es dispar. La mayor cantidad de personas pendientes de recibir prestaciones se encuentra en Canarias, con un 31,3%, seguida del País Vasco y Murcia. Sin embargo, Aragón, Cantabria y Navarra se posicionan como las regiones con mejores indicadores en este aspecto, lo que resalta las desigualdades en la gestión del sistema de dependencia.

Además, la demanda de servicios ha aumentado notablemente en algunas comunidades en 2025. Castilla-La Mancha y Madrid lideran este crecimiento, mientras que el sistema de dependencia de algunas regiones enfrenta críticas por operar como “low cost”, lo que ha afectado la calidad de los servicios ofrecidos.

A pesar de las alegaciones de un aumento en la atención, existen preocupaciones legítimas sobre la reducción de plazas en residencias y centros de día, así como sobre el hecho de que muchas personas atendidas en sus hogares carecen de servicios básicos como la teleasistencia.

Desde el Ministerio se sostiene que la inversión en el sistema ha aumentado, mencionando cifras importantes para el año próximo, que evidencian un esfuerzo por mejorar la atención a las personas dependientes. Esto incluye el incremento en las ayudas y un nuevo plan de recuperación que destinará recursos significativos a mejorar las infraestructuras de atención.

Sin embargo, la Asociación de Directores y Gerentes mantiene una postura crítica, demandando claridad sobre las solicitudes pendientes y los fallos en la gestión que están afectando a miles de ciudadanos vulnerables en España. Sin lugar a dudas, el futuro del sistema de dependencia requiere no solo más inversión, sino también una reorganización que priorice la atención y el bienestar de las personas dependientes en todas las comunidades del país.