En un juicio que se llevará a cabo este martes a las 9:30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha solicitado penas que suman 22 años y 11 meses de prisión para cinco jóvenes acusados de cometer más de una docena de robos en iglesias y parroquias de pedanías de Murcia y Molina de Segura, así como en Almoradí (Alicante) durante los años 2021 y 2022.

De acuerdo con el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el primer robo tuvo lugar en diciembre de 2021 en la iglesia del Santísimo Cristo de las Misericordias, en Los Garres, donde dos de los acusados, junto a un menor de edad, se apoderaron de 2.500 euros tras forzar varias puertas y rejas.

El segundo hurto ocurrió en la misma iglesia, donde tres de los procesados sustrajeron 1.200 euros de una caja fuerte, así como varios objetos de valor que fueron tasados en 3.200 euros.

Otro robó se llevó a cabo en la pedanía de Casillas, donde cuatro de los acusados accedieron a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y robaron 1.200 euros de la caja de colectas, además de una custodia bañada en oro valorada en 2.500 euros.

En Algezares, los procesados entraron en la iglesia de esta localidad y además de robar una bolsa con monedas, provocaron daños en varios objetos de la iglesia. La Fiscalía también ha destacado que los ladrones intentaron acceder a otras iglesias, sin éxito, debido a la activación de alarmas.

En la iglesia Nuestra Señora de Rosario de Puente Tocinos, los acusados sustrajeron dinero en efectivo, una medalla de oro, un cordón de oro amarillo, y dos rosarios de plata y nácar, cuyo valor conjunto ascendió a 6.245 euros.

Los implicados también llevaron a cabo robos en otras iglesias, como en la iglesia de San José de la Vega, donde se apoderaron de dinero y causaron daños tasados en 720,79 euros.

Entre los objetos robados también se encontraban amplificadores, joyas, lampadarios, huchas con dinero y otros artículos de valor, que sumaban elevadas cantidades en efectivo y objetos.

En total, la Fiscalía considera que estos actos delictivos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza, por lo que solicita penas de prisión que van desde dos años y tres días hasta los siete años, dependiendo del grado de implicación de cada acusado, además del pago correspondiente por los objetos robados y los daños ocasionados.