En un reciente debate en la Asamblea, Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lanzó duras críticas al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. Según ella, el mandatario ha "cedido al chantaje" al pactar con Vox, lo cual, según su opinión, fomenta un clima de "normalización del discurso de odio". Fernández advirtió que López Miras está actuando con una visión a corto plazo que podría terminar "devorándolo" a él y a los intereses de la región que representa.

Durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, que comenzó con un emotivo minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, Fernández sostuvo que López Miras se ha decidido por la "radicalidad" en lugar de buscar un enfoque centrado y moderado, una alternativa que le había presentado el secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

La portavoz socialista subrayó que el acuerdo con Vox ya tiene repercusiones negativas, que se irán agravando, aludiendo a la pérdida de derechos y logros que se consideraban consolidados en la región. “Vox plantea exigencias, usted accede, y los ciudadanos son quienes sufren las consecuencias”, reprochó Fernández al presidente.

Fernández acusó de tal forma a López Miras de ser un "cómplice" en la aceptación de un discurso que fomenta el odio y la desconfianza hacia las instituciones, al mismo tiempo que se cuestiona la democracia cuando las cosas no van como se desea.

En su intervención, afirmó que el pacto con Vox no debería ser visto como un signo de gobernabilidad, insinuando que López Miras está más interesado en mantener el poder que en el bien común: “Este enfoque le llevará a una situación peligrosa que tendrá un efecto devastador no solo en la política, sino también en lo social y económico”, manifestó.

La portavoz también señaló que el clima de odio creado por el acuerdo afecta a sectores vulnerables, como los inmigrantes, quienes son esenciales en la comunidad, y a las ONG que trabajan en pro de la solidaridad. Además, criticó que se ha eliminado la financiación pública para patronales y sindicatos, lo que mina el diálogo social en la región.

En relación a los presupuestos, Fernández se mostró preocupada por la falta de informes jurídicos necesarios y la rapidez con la que se excluyó a estas entidades, lo que, a su juicio, pone en jaque herramientas democráticas conseguidas con esfuerzo a lo largo de los años.

Refiriéndose al medio ambiente, la dirigente socialista criticó la postura del Gobierno regional respecto al Pacto Verde, advirtiendo que ello podría poner en riesgo al Mar Menor, un aspecto que es de alta preocupación para la comunidad.

Fernández presentó cifras preocupantes sobre la situación social de la región, apuntando que uno de cada tres ciudadanos vive en riesgo de pobreza y que una gran cantidad de niños atraviesan situaciones de precariedad extrema. “La pobreza infantil es alarmante y afecta a la alimentación y educación de nuestros jóvenes”, declaró.

Entre otros indicadores, mencionó que el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante continúa estancado y que el desempleo juvenil ha crecido significativamente, asignando así a la región un liderazgo en temporalidad laboral y economía informal.

La portavoz también denunció disparidades salariales, indicando que las mujeres ganan en promedio considerablemente menos que los hombres, y que un porcentaje elevado de la población trabaja por debajo del salario mínimo interprofesional, en un contexto que parece ignorar esta inquietud social.

Fernández enfatizó que la falta de un modelo económico coherente y sostenible ha exacerbado una situación de incertidumbre y precariedad laboral que no avanza, y se está dejando a la región en un estado crítico.

En un llamado a la acción, indicó que el PSOE está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones, defendiendo la idea de que "es posible otro camino", y efectivamente su objetivo no es el enfrentamiento, sino proponer acuerdos que beneficien a la comunidad.

El sistema sanitario no se ha escapado de sus críticas. La dirigente destacó la insuficiencia del servicio de atención primaria ante olas de pacientes que esperan atención especializada por tiempo prolongado, pidiendo una reevaluación urgente de la situación.

Finalmente, Fernández discutió problemas en los sectores de educación y vivienda, alertando sobre las condiciones precarias y los desafíos para las familias jóvenes en la búsqueda de un hogar digno. En el contexto de manejo hídrico, defendió la necesidad de dialogar sobre propuestas consensuadas y sostenibles, a la vez que señaló que las iniciativas del Gobierno central han permitido a la región avanzar como nunca antes.

Por último, cuestionó la política tributaria del Ejecutivo regional, indicando que las reducciones fiscales han resultado en la pérdida de millones que podrían haber sido utilizados para mejorar los servicios públicos, sugiriendo que tales decisiones benefician a una pequeña élite mientras que el resto de la población sufre las consecuencias. Esta situación demanda un enfoque renovado y una gestión más responsable de los recursos, según concluyó la portavoz socialista.