Murcia, 24 de octubre.

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que afecta a la gestión de los recursos hídricos en España, al desestimar el recurso presentado por la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023. Este decreto, fechado el 24 de enero, establece la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo las del Cantábrico Occidental, Guadalquivir y el río Segura, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha avalado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no cuenta con legitimación activa para impugnar este decreto, que incluye, entre otros aspectos, los caudales ecológicos para el río Tajo.

El recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad Autónoma el pasado 5 de abril fue respondido por diversas entidades, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y organizaciones que defienden los intereses de los municipios ribereños, como la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo.

En su sentencia, el Tribunal ha señalado que la demanda de la Región de Murcia se caracteriza por su extensión y la presentación de múltiples argumentos, muchos de los cuales se consideran repetitivos y circulares a lo largo del texto.