La Comisión de Educación de la Asamblea Regional de Murcia ha dado luz verde a una moción presentada por el grupo parlamentario Vox, la cual propone una modificación de la Ley 6/1998 sobre Consejos Escolares en la Región. Esta iniciativa incluye la propuesta de integrar a un representante de los centros de educación infantil privados en el Consejo Escolar y sugiere la participación de expertos en determinadas áreas como salud y seguridad, dependiendo del tema a tratar.

María José Ruiz, diputada de Vox, subrayó la importancia de incluir a centros privados en esta instancia, argumentando que su ausencia refleja una falta de representatividad. Según Ruiz, los centros privados desempeñan un papel crucial en la educación de niños de 0 a 3 años, un sector donde la educación pública no siempre abarca a todos. La diputada insistió en que esta falta de voz en el Consejo Escolar representa una oportunidad perdida de aprovechar su experiencia pedagógica en la discusión sobre políticas educativas.

Por su parte, el diputado del PSOE, Juan Andrés Torres, refutó la propuesta de Vox argumentando que los centros privados ya están representados dentro del Consejo Escolar, aunque mediante sectores sociales y no de forma específica por etapas educativas. El PSOE también sugirió una enmienda que permitiría la inclusión de expertos en salud y seguridad en la discusión de temas específicos, aunque sin modificar la representación educativa actual.

Desde el Partido Popular, el diputado Antonio Landáburu expresó un apoyo limitado a la iniciativa de Vox, destacando el valor de abrir un debate sobre la representación de ciertos sectores. No obstante, Landáburu advirtió que no se debería transformar el Consejo Escolar en un foro exclusivamente técnico relacionado con temas de salud o seguridad, reafirmando que la aportación de estos expertos debe ser ocasional, como se realiza en otros espacios como el Observatorio de la Convivencia Escolar.

En otra votación, la Comisión aprobó una moción del Partido Popular que solicita al Gobierno de España restaurar los criterios de acceso a las ayudas educativas que estaban en vigor hasta 2020, específicamente para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta propuesta, impulsada por la diputada Maruja Pelegrín, recibió el apoyo de Vox y fue rechazada por el PSOE.

Pelegrín denunció lo que considera una "discriminación" injusta que afecta a numerosas familias desde el inicio del curso 2020-2021, tras la modificación de los criterios de acceso a las becas por parte del Ministerio de Educación. La diputada levantó preocupaciones sobre el hecho de que muchos estudiantes con discapacidades como la sordera quedan excluidos de las ayudas debido a cambios de criterio no explicados.

Sin embargo, el PSOE, representado nuevamente por Juan Andrés Torres, criticó al Partido Popular por presentar esta moción, recordando que durante su mandato se efectuaron recortes significativos al sistema de becas. Torres agregó que el Gobierno central ya ha relajado algunos criterios y que se ha implementado un subsidio universal de 400 euros, resaltando la importancia de la inversión en becas alcanzando cifras históricas.

María José Ruiz volvió a intervenir, criticando que el nuevo sistema de ayudas parece "quitar para dar", advirtiendo que muchos alumnos necesitan apoyo y no cumplen con el requisito del 25% de discapacidad, lo que limita su acceso a las becas. Reflexionó sobre cómo el actual sistema no compensa, sino que incrementa las desigualdades existentes entre las familias.

La Comisión también aprobó una nueva propuesta del Partido Popular que solicita estudiar la inclusión del ajedrez dentro de los Programas Educativos de la Consejería de Educación y Formación Profesional. La iniciativa logró el respaldo de PP y Vox, mientras el PSOE se abstuvo tras no conseguir que se aceptara su enmienda para asegurar condiciones dignas para los docentes que impartirían las clases.

Víctor Martínez-Carrasco, diputado popular, argumentó que el ajedrez proporciona beneficios cognitivos que pueden traducirse en mejoras académicas, especialmente en matemáticas y lectura. Reiteró la recomendación del Parlamento Europeo sobre su incorporación en las aulas, enfatizando que la propuesta no busca imponer, sino evaluar su viabilidad educativa.

Desde el PSOE, María Dolores Martínez reconoció los beneficios del ajedrez, pero criticó la falta de recursos disponibles para su implementación, planteando preocupaciones sobre quién impartiría las clases y con qué respaldo logístico se contarían para llevar a cabo el programa.

Vox, aunque en línea con la moción, mostró cautela al manifestar que el ajedrez, a pesar de sus beneficios, requiere una planificación cuidadosa para evitar efectos negativos, especialmente si se intenta imponer en contextos no adecuados. La diputada Ruiz confió en que, con los monitores y la formación adecuada, el ajedrez pueda ser utilizado como una herramienta educativa efectiva.

Además, se aprobó otra iniciativa del PSOE que busca la creación de la Feria de la Cultura de Murcia, apoyada por técnicos de Vox y con la abstención del PP. La diputada Magdalena Sánchez Blesa defendió la propuesta como esencial para visibilizar el talento del sector cultural, promoviendo además la interacción entre creadores y distribuidores.

Antonio Martínez de Vox ofreció su apoyo, aunque expresó preocupaciones sobre la "agenda ideológica" presente en la política cultural. Destacó la necesidad de mejorar los indicadores de cultura en la región y aseguró que su respaldo a la feria es a pesar del escepticismo sobre la gestión de la Consejería de Cultura.

La diputada Luz Marina Lorenzo, del PP, justificó la abstención de su grupo afirmando que el formato actual de la feria podría interferir con los esfuerzos ya en curso en el ámbito cultural.

Finalmente, se rechazó una moción de Vox que pedía la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria en Balsicas, en respuesta a la alta demanda educativa en la zona. Antonio Martínez, diputado de Vox, argumentó que la falta de un instituto propio es una preocupación de la comunidad local, exacerbada por la actual situación educativa.

El PP, a través de Carlos Albaladejo, calificó la iniciativa como "sobredimensionada" para la cantidad de alumnos actualmente desplazados, mientras el PSOE se mostró a favor, señalando la urgencia de abordar la problemática en el IES Sabina Mora, que consideran insostenible.